Jueves, 14 Diciembre 2017

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHoy138
mod_vvisit_counterEste mes3377
mod_vvisit_counterTotal Visitas227910

Los concejos no pueden frenar la minería, dice el Gobierno

 

Por Juan Fernando Rojas T. | Publicado hace 21 horas


En definitiva

 

La polémica crece por la oposición a la minería, al Gobierno se le agota el tiempo para concretar un marco jurídico que dé claridad en las condiciones para el desarrollo de la actividad.


La política minera del Gobierno es cuestionada desde distintos frentes, sea por oposición a la actividad extractiva o por falta de garantías adecuadas para ejecutarla.

 

La aprobación en Támesis, Suroeste antioqueño, de un acuerdo municipal que prohíbe la “minería metálica” en su territorio, el domingo pasado, alienta a que ocurra igual en el Concejo de Jericó, el 7 de junio. La iniciativa tiene el apoyo del obispo local, monseñor Noel Londoño Buitrago, quien ayer afirmó en un comunicado: “Estas tierras del Suroeste son muy verticales y son unas esponjas de agua que debemos proteger”.


Entre tanto, la minera surafricana AngloGold Ashanti, que adelanta etapas tempranas de un proyecto para extracción de cobre en ese municipio, señala que el Gobierno debe actuar más para que las comunidades entiendan el real alcance de los proyectos y reclama seguridad jurídica luego de suspender operaciones en el proyecto La Colosa, tras una consulta popular en contra en Cajamarca (Tolima).


Por su parte, los pequeños mineros agremiados en Conalminercol rechazan falta de voluntad del Gobierno para su formalización y consideran injusto los bajos topes en la minería artesanal de oro (ver Reacciones).


En ese contexto, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, salió al paso de voces opositoras, recordó que Antioquia aportó el 41 % de las 61,81 toneladas de oro que produjo el país en 2016 y asegura que expedir un acuerdo municipal para prohibir la minería “es violatorio de todas las normas”.

¿El acuerdo aprobado por el Concejo de Támesis frena la minería en ese municipio?

“Ni la ley, ni ninguna sentencia le ha dado competencia minera a ninguna autoridad local. Mal podrían estar los concejos prohibiendo el desarrollo del subsuelo. Esto no se puede volver una feria de acuerdos municipales. Lo dice la Corte Constitucional en su sentencia 445 de 2016: las autoridades municipales por ejercer sus competencias no pueden desconocer las de entes nacionales. Y si quieren un proceso para que en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se restrinjan actividades mineras, eso está perfectamente normado en la Ley 388 de 1997”.

 

¿Qué hará frente al acuerdo aprobado en Támesis?


“Estamos dispuestos a interponer demandas administrativas en cuanto a la legalidad y constitucionalidad de esos acuerdos. Incluso puede haber un alcance disciplinario en contra de los concejales, pues están haciendo algo que no les permite la ley”.


Ante la conflictividad local, ¿cuál es el mensaje para las empresas que por este tipo de acciones no obtienen licencia social, indispensable para los proyectos mineros?


“El Gobierno está comprometido en apoyar la minería bien hecha y combatir la extracción ilícita de minerales, a la que se abre camino con este tipo de iniciativas (la de Támesis)”.


¿Qué pasa en el caso de las consultas populares?


“En la norma está claro que esas consultas dan una orden de carácter político a la autoridad que tiene la competencia en ese territorio. Entonces si a un alcalde le dicen que prohíba la actividad minera y si no tiene la competencia legal y constitucional para hacerlo, pues termina siendo un mecanismo inocuo”.


¿Qué garantías da el Gobierno para la viabilidad del proyecto de cobre en Jericó, que adelanta AngloGold Ashanti?


“Acompañamos todos los proyectos que apuestan a la minería bien hecha. Estamos yendo a concejos, audiencias públicas y otros espacios para desmentir posverdades que se dicen. También trabajamos en condiciones de seguridad jurídica para subsanar vacíos que han quedado con las interpretaciones de la Corte Constitucional”.


¿Cómo conciliar postura local y nacional de la minería?


“Trabajamos en el Ministerio en un proyecto de ley que consagre el principio de concurrencia y deje claro el marco de competencias de las entidades territoriales y el Gobierno frente a la administración del suelo y el uso de los recursos del subsuelo. Solo hasta que se tenga eso definido se podrán ofertas áreas, hacerlo antes sería aventurado”.


¿En qué va el proyecto de ley de explotación ilícita de minerales radicado en 2016?


“Creo que antes del 20 de junio se debe dar primer debate. Contemplamos darle mensaje de urgencia para sacarlo adelante a partir del 20 de julio”.


¿Qué falta para el decreto reglamentario que controlar la comercialización de oro?


“Luego de ires y venires, ya está en Presidencia, se está dando una última discusión y es posible que se firme antes de finalizar este mes. El objetivo es ponerle cara a la minería artesanal del país: quien pretenda comercializar oro de este tipo de minería tendrá que acreditar un Registro Único Tributario (RUT)”.


También crece el malestar entre mineros informales en Antioquia por los topes impuestos. ¿Se revisarán?


“La resolución que expedimos es para la minería que se desarrolla por métodos manuales y esos topes son acordes a eso. Todo el que quiera hacer minería mecanizada, debe tener título minero y licencia ambiental”.


En año preelectoral, ¿teme a la campaña antiminera?


“Pues nos tocará hacer campaña a favor de la minería bien hecha, y en eso estamos”.