Sábado, 21 Octubre 2017

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ELIMINACIÓN ECONÓMICA DE TAUSA Y CARMEN DE CARUPA
Y LESIÓN GRAVE A ZIPAQUIRÁ Y COGUA
POR DECISIONES INCONSULTAS DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES
EN EL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DE GUARGUA Y LAGUNA VERDE

 

Por el Acuerdo 22 de 2009, la CAR declaró 12.000 hectáreas como “Reserva Forestal Protectora del Páramo de Guargua y Laguna Verde”, con el objetivo necesario y justificado de proteger el páramo y una estrella hidrográfica con nacimientos hacia las cuencas de tres ríos (Minero, Ubaté-Suárez y Bogotá).


En el mismo Acuerdo, la CAR delimitó 26.500 hectáreas más como “Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guargua y Laguna Verde”. Este DMI cubre cinco sectores distintos alrededor de la Reserva Forestal. Forma un cinturón discontinuo entre el límite inferior de la Reserva Protectora del páramo y la cota 3000.


Según el Acuerdo, este DMI se creó para funcionar como zona de amortiguación en torno al páramo. En esta zona amortiguadora se debía aplicar una zonificación, un reglamento de usos y un plan de manejo que garantizaran el desarrollo sostenible del DMI. Esto, para prevenir que el poblamiento y el uso de estos cinco sectores se convirtiera en un foco de degradación que se extendiera hacia arriba, al páramo.


En esta área se ubican 63 empresas mineras y gran parte de la producción de papa de Zipaquirá y Tausa que son dos de los principales productores de Cundinamarca y Colombia.


La economía y la vida fiscal de los cuatro municipios gira totalmente en torno a la minería y la agricultura, que son las únicas generadoras de impuestos y de empleo directo e indirecto.


La CAR está a punto de adoptar el Plan de Manejo – Zonificación – Reglamento de usos para el DMI, elaborados por la Universidad del Tolima. En esta consultoría no se dio un proceso de participación de las comunidades y las entidades territoriales afectadas, pues el convenio CAR-UniTolima no incluía dicho rubro.


La zonificación de manejo como está propuesta, convierte gran parte de las áreas agrícolas y mineras en zonas de restauración para recuperarlas como ecosistemas nativos y destinarlas a la preservación, además de las extensas áreas ya declaradas como zonas de preservación en la Reserva y en el DMI.


La norma nacional de los DMI (Decreto 1974 de 1989) dicta que estos se crean para asegurar el desarrollo sostenible y el uso racional de los recursos naturales y no excluye la minería ni la agricultura.


El Código de Minas (Ley 685 de 2001, Ley 1382  de 2010) prohíbe a los Municipios prohibir la minería en sus POT y establece (Art.34) las únicas áreas que pueden ser excluidas de la exploración y la explotación mineras. Y los DMI no son una de ellas.


Sin embargo, la CAR, en sus determinantes ambientales (Acuerdo 16 de 1998) le ordena a los Municipios excluir la minería de los DMI en sus Planes de Ordenamiento Territorial. Y así, el Plan de Manejo elaborado por UniTolima, sin concertación con las comunidades ni con los Municipios, está excluyendo la minería de una de las áreas carboníferas más importantes del país.


Adicionalmente, la CAR prepara la delimitación de los páramos de su jurisdicción para adoptarla en 2012.  Según los funcionarios del Sistema Regional de Áreas Protegidas de la CAR, esta delimitación hará bajar la línea de exclusión desde la cota de la actual Reserva Forestal Protectora (que comprende todo el páramo), a alguna cota por debajo de los 3000 m.s.n.m.  De tal manera, toda posibilidad de uso sostenible en el DMI quedaría cancelada por dicha delimitación, al aplicar las exclusiones previstas en el artículo 202 de la Ley del Plan de Desarrollo (Ley 1450 de 2011).


Para agravar aún más la situación, el Ministerio de Ambiente ha decidido dar aplicación a la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá (art. 2, Resolución 76 de 1977 de MinAgricultura) que abarca toda la Sabana y la cuenca alta del río Bogotá. Mediante la Resolución 511 de 2012 ha establecido un procedimiento sumario para realinear dicha reserva, sustrayendo sólo los equipamientos de servicios públicos y los perímetros urbanos de los POTs. Con dicha actuación, quedaría cancelado el desarrollo industrial, minero, agroindustrial, de servicios, etc. de toda la región o, lo que es más probable, sumido en la ilegalidad, sin la posibilidad de tramitar ningún permiso ambiental ni de localización o funcionamiento.

 

Respetuosamente consideramos que:

 

  1. La CAR ha avanzado juiciosamente en la definición de un Sistema Regional de Áreas Protegidas, delimitando cada área de valor para la conservación con la categoría más conveniente y consultando, en la mayoría de los casos, a las comunidades en el proceso de declaratoria y de plan de manejo de cada área.
  2. No es necesario ni eficiente ni legal superponer distintas categorías de áreas protegidas en el territorio. Estos cinco sectores ya son un DMI y eso responde al reconocimiento de las realidades sociales y económicas que allí están a ojos vista.
  3. El DMI de Guargua y Laguna Verde debe seguir esta misma práctica institucional y respetar los derechos constitucionales de las comunidades y las competencias de los Municipios.
  4. Los usos en el DMI deben ser reglamentados apuntando al desarrollo sostenible, como corresponde por Decreto a esta categoría que no es de preservación estricta.
  5. Las zonas de restauración propuestas por UniTolima en el DMI deben contemplar la restauración con y para la producción, como lo establece la norma nacional de los DMI, y no sólo la restauración para la preservación.
  6. El sector minero, agrupado en torno a la Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca, está dispuesto a suscribir un plan de trabajo conjunto para llevar toda la minería del sector hacia las mejores prácticas sociales y ambientales, por encima incluso de los estándares de la norma nacional, para lo cual ha establecido un acuerdo de cooperación con el sector minero español, el cual vivió la misma experiencia frente a la conservación de las sierras asturianas y lleva varias décadas de coexistencia ejemplar minería – áreas protegidas.
  7. Los municipios afectados han manifestado reiteradamente su interés en continuar en el proceso que habían concertado con la misma CAR en sus POT, en el sentido de trabajar conjuntamente ente territorial – autoridad ambiental – comunidades locales – sector privado para la restauración de los ecosistemas en medio de los espacios de uso. Así mismo, para establecer mecanismos de compensación a nivel regional que ayuden a estos municipios a incorporar la conservación de los ecosistemas y la producción de agua como parte efectiva de su economía.